Comunicado de Prensa

Jornadas sobre “Políticas Públicas y Diversidad Religiosa”

El 11 de noviembre de 2009, Aida Vilaret Cano, Consejera Técnica de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa, del Ministerio de Justicia, me escribió y me informó que los días 25, 26 y 27 de noviembre se iban a celebrar en Sevilla las Jornadas “Políticas Públicas y Diversidad Religiosa”, organizadas por la FEMP (“Federación Española de Municipios y Provincias”) y la Dirección General de Relaciones con las Confesiones. Y añadió lo siguiente: “Nos gustaría contar con su asistencia o la de cualquier otra persona que designe”. Y me adjuntaba el programa y el impreso para la inscripción.       Las Jornadas de la “FEMP” se efectuaban en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, y formaban parte de un programa de formación continua, cuyo OBJETIVO era “dotar a los Empleados Públicos de los tres ámbitos de la Administración Pública de los conocimientos y habilidades adecuados, para enfrentarse a los nuevos retos que plantea el diseño y aplicación de las Políticas Públicas para la Gestión de la Diversidad Religiosa”. Y que los “destinatarios” eran los “empleados públicos o cargos electos de las tres Administraciones Territoriales (estatal, autonómico y local),… con funciones en las áreas de servicios sociales, igualdad, inmigración, urbanismo, seguridad o en aquellas que de un modo transversal afecten a políticas públicas en materia de pluralismo religioso y la aplicación efectiva del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa”.      El día 13, me escribió Ana Belén Carrio Martínez, Asesora de Relaciones Institucionales de la FEMP, diciéndome que, según le habían informado del Ministerio de Justicia, “posiblemente seas tú quien asistirá a las Jornadas de Sevilla en representación de tu iglesia”, y me remitía una ficha para que les diera mis datos personales.    

 El día 17 de noviembre, Ana Belén Carrio me llamó por teléfono para aclararme que yo estaba invitado, no para sentarme en silencio, como había pensado en un principio, sino para participar en una de las mesas de debate. Me dijo que este tipo de Jornadas es sólo para funcionarios, y que en el pasado habían invitado a los representantes de la Confesiones Religiosas con Acuerdo (Iglesia Católica, Entidades Religiosas Evangélicas, Comunidades Judías y Comisión Islámica), pero sentían que deberían invitar también a las Confesiones Religiosas con Notorio Arraigo (Iglesia de Jesucristo SUD, Federación Budista y Testigos de Jehová), como habían estado haciendo últimamente.      

Al leer el Programa de las Jornadas, vi que participaban personalidades como Álvaro Cuesta Martínez, Diputado y Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso; José María Contreras, Director General de Relaciones con las Confesiones, del Ministerio de Justicia; Juan Ferreiro Galguera, Subdirector General de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa, del Ministerio de Justicia; Montserrat Coll Calaf, Directora General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña; José Manuel López Rodrigo, Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, del Ministerio de Justicia, y Catedráticos y altos funcionarios de la Administración. Y que se presentaban ponencias sobre el hecho religioso en diferentes ámbitos. Había también “Mesas Redondas” para debate, con temas como “Dimensión local de la gestión de la Diversidad Religiosa” (con representantes de Ayuntamientos como Barcelona, Sevilla, Lérida y otros) , “La visión de las Confesiones Religiosas” (con los representantes de las confesiones religiosas con acuerdo [católicos, protestantes, islámicos y judíos] y con notorio arraigo [Santos de los Últimos Días, Testigos de Jehová y Budistas], “Medios de comunicación y el hecho religioso” (con representantes de los periódicos El País, Revista 21 y la Agencia EFE y TVE).      

Las Jornadas comenzaron el miércoles 25 de noviembre, por la mañana, con la Conferencia Inaugural de Álvaro Cuesta Martínez (Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso), desarrollando la idea de que España es un estado laico que promueve la libertad religiosa, en el que las religiones deben ejercer un papel de integración, y un estado laico está mejor preparado para propiciar esa integración. La “laicidad” favorece el trato igualitario de los ciudadanos. Se trata de separación, neutralidad y cooperación. Esta cooperación es un elemento distintivo de nuestro sistema jurídico, al contrario que en Francia, donde se prohíbe la cooperación. Hace 17 años, se firmaron acuerdos de cooperación con los grupos religiosos principales, que supuso, junto con la Constitución de 1978, un paso histórico respecto a la libertad ideológica. Aquellos acuerdos, que tomaron como referencia los acuerdos con la Santa Sede, ya no están a la altura de nuestro tiempo; hace falta una reforma del marco normativo. En la situación actual, tenemos en lo alto de la escala de derechos y privilegios a la Iglesia Católica, en un segundo escalón están los grupos religiosos con Acuerdo, en el tercer escalón están los grupos religiosos con Notorio Arraigo, y en el lugar más bajo están los grupos inscritos como Asociaciones. Todo esto es un avance en las libertades, pero “contienen el germen de la discriminación y la desigualdad”. Hoy en España más de un tercio de la población se declara creyente, no “católicos”, sino “creyentes”; es necesaria, pues, una nueva Ley de libertad religiosa, una ley de Libertad de Conciencia que ayude a desarrollar una verdadera libertad de pensamiento.      

José María Contreras (Director General de Relaciones con las Confesiones) habló del hecho religioso y el desafío que plantea a las ciudades. Entre otras cosas, dijo lo siguiente: “Todo gestor público, no sólo del gobierno, sino de todos los poderes públicos, debe hacer efectivo el derecho a la libertad religiosa. Se trata de la gestión de un derecho fundamental, que en una sociedad heterogénea no es cuestión de si se pertenece o no a la religión oficial, ni tampoco si al gestor le gusta o no lo que otros hacen. Nuestras creencias y las creencias de otros son irrelevantes, cuando actuamos como gestores públicos. No importa si no nos gusta o no entendemos lo que otros profesan. La diversidad religiosa no tiene nada que ver con la pertenencia o la nacionalidad. No podemos considerar como extranjero a alguien por el sólo hecho de no ser católico. Debemos abandonar la tendencia a asociar ‘católico’ con ‘español’, pensar que ‘el que no es católico no es de aquí’; la religión no tiene nada que ver con la identidad: ‘Todos somos de aquí’ ”. Después, explicó a los funcionarios algunos casos concretos que deben tener en cuenta, al gestionar las peticiones de los grupos religiosos no católicos:

  • a) La diversidad religiosa no tiene nada que ver con la inmigración, ni con la integración;
  • b) los grupos religiosos que están inscritos en el Ministerio de Justicia no necesitan inscribirse en el registro de los Ayuntamientos, para que tengan acceso a ciertos servicios municipales (el uso de edificios públicos para actividades culturales, por ejemplo);
  • c) las confesiones religiosas tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas hacia el exterior, porque el estado es laico y neutral, pero la vía pública es de todos.
  • d) los grupos religiosos tienen derecho a abrir lugares de culto, sin necesidad de licencia de apertura: una cosa es la licencia de instalación, y otra la licencia de actividades; los gestores públicos no deben impedir la apertura de lugares de culto, sólo pedir los requisitos de instalación;
  • e) los grupos religiosos deberían participar en las planificaciones urbanísticas, porque los lugares de culto se consideran espacios dotacionales;
  • f) los gestores públicos no deberían ser fríos burócratas en la aplicación de las normas, porque podrían interferir en la aplicación de los derechos: los gestores públicos deberían visitar los lugares de culto, deberían salir y conocer la diversidad, y descubrir que enriquece.

 

Comentó que un estudio de la Naciones Unidas ha mostrado que donde hay lugares de culto, desaparece la marginación social, porque son un medio para la integración. Y pidió a los Ayuntamientos que tomaran conciencia de la diversidad religiosa, y contaran con los diferentes grupos religiosos en sus foros, mesas de diálogo, etc. Y añadió lo siguiente: “La gestión de la diversidad religiosa ayuda a la convivencia. Los malos gestores producen conflictos y falta de cohesión. España no es homogénea ni en lo cultural ni en lo religioso, y esa diversidad debe gestionarse. Se está preparando una nueva Ley de libertad religiosa, para adecuar la normativa a esta realidad. Y es necesario, no sólo una Ley, sino una gestión central, autonómica y local que conozca la Ley y la gestione adecuadamente, recordando que la gestión de una sociedad homogénea como teníamos antes no sirve para una sociedad heterogénea como es la que tenemos ahora en España.”      

Monserrat Coll Calaf, Directora General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, insistió en los puntos ya desarrollados anteriormente sobre “laicidad” y “laicismo”, y sobre la necesidad de que se reconozca y se respete la pluralidad religiosa.        

La Mesa Redonda sobre la “Dimensión local de la Gestión de la Diversidad Religiosa” dio la oportunidad a gestores de varios Ayuntamientos a dar un informe de cómo están gestionando ellos la diversidad religiosa en sus municipios. Participaron, entre otros, los Ayuntamientos de Barcelona, Sevilla y Lérida.      

El programa del jueves, 26 de noviembre, empezó con la presentación de Juan Ferreiro Galguera, Subdirector General de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa, del Ministerio de Justicia. Su tema era los “Aspectos jurídicos del Ejercicio de la Libertad Religiosa”. Insistió en el hecho de que en España el estado confesional se ha convertido en laico o aconfesional, y que la sociedad se ha vuelto plural, no sólo en lo cultural, sino también en lo religioso. Explicó que este cambio exige adaptaciones legislativas (se hace necesaria una nueva Ley de libertad religiosa), judiciales (en la interpretación de las nuevas leyes) y ejecutivas o administrativas (en su aplicación). Habló también del concepto de laicidad, que es equivalente al de aconfesionalidad, y del hecho de que el estado y las confesiones religiosas son independientes y autónomos, pero que deben mantener una relación de cooperación.       

Juan Manuel Alegre Ávila, Catedrático de Derecho Administrativo, habló del “Marco Urbanístico”, o de la relación que hay entre la Ordenación del Territorio y el Diseño de la ciudad con la Libertad Religiosa. Dijo que el Urbanismo, que es ordenación, limitación y restricción, debe ser compatible con la libertad religiosa. Explicó qué terrenos podrían cederse para lugares de culto, y también que los lugares de culto no necesitan licencia de apertura ni de actividad, para abrirse, como ya explicó José María Contreras.     

Jordi López Camps, Presidente de la Comisión Ejecutiva “Patronat de la Muntanya de Monserrat”, habló de la necesidad que el mundo local tiene de una política pública sobre el hecho religioso. Y repitió muchos de los argumentos de otros oradores sobre la relación que tiene que haber entre una Administración laica y una sociedad religiosa plural como la española. Insistió en la necesidad de que la religión o los diferentes grupos religiosos tengan su lugar en el espacio público. Comentó que se necesita una política global que ayude a la gestión local; una Administración general incapaz de establecer una política común contribuye a la dispersión en las soluciones locales a las demandas del pluralismo religioso. La mala solución a estas demandas ha provocado problemas de seguridad. Se debe ordenar la convivencia de la diversidad, si queremos tener un futuro en paz.

 Francesc Guillén Lasierra, Responsable de Proyectos y Organización de la Secretaría de Estado de Seguridad del Departamento de Interior, de la Generalitat de Cataluña, habló de los desafíos que tiene la policía para gestionar la diversidad religiosa. Comentó que algunas personas perciben la diversidad religiosa como una amenaza, y suelen llamar a la policía cuando no saben qué hacer ante este hecho. La formación de la policía para resolver estas situaciones ha sido insuficiente. Y habló de una Guía que se ha preparado en Cataluña para ayudar a la policía a entender la diversidad religiosa, que junto a un mapa que muestra esa diversidad, se presenta un resumen de las creencias y costumbres de los diferentes grupos religiosos.     La agenda del jueves terminó con la Mesa Redonda: “La visión de las Confesiones Religiosas”. La Mesa tenía como moderador a Joaquín Martínez Gijón, Subdirector General del Registro de Entidades Religiosas, del Ministerio de Justicia. En la Mesa estaban

  • Ruth Álvarez Muñoz-Caballero, Representante de la FEREDE (“Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España”);
  • Mohamed Ajana el Ouafi, Representante de la Comisión Islámica de España;
  • Miguel Rodríguez Blanco, Representante de la Iglesia Católica;
  • Faustino López Requena, Representante de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días;
  • Judá Morcillo Rivas, Representante de los Testigos de Jehová, y
  • Ngagpa Jamyang Rinchen, Representante de los Budistas.

Se dieron 15 minutos a cada uno de los miembros de la Mesa, en los que hicieron un resumen de sus reivindicaciones y de su situación en la sociedad española. Fue una oportunidad de establecer un diálogo entre los representantes de la diversidad religiosa de que se estaba hablando en las Jornadas, y los funcionarios públicos encargados de resolver los problemas que se estaban planteando. Fue un intercambio constructivo, y comentarios posteriores dijeron que fue uno de los momentos más interesantes de las Jornadas. Álvaro Cuesta Martínez, en la conferencia que inauguraba las Jornadas, dijo que el objetivo de las confesiones religiosas, incluyendo a la Iglesia Católica, debería ser el de la autofinanciación. Yo, como representante de los Santos de los Últimos Días, dije que nuestra iglesia ha funcionado siempre con esa autofinanciación, y que lo que estamos esperando es tener los mismos derechos de exención de impuestos y de desgravaciones fiscales que tienen los grupos religiosos con acuerdo, aparte de la autoridad para efectuar casamientos con validez civil; esto después de agradecer la invitación a las Jornadas, y todo el esfuerzo que están haciendo los funcionarios públicos para resolver los problemas que la diversidad religiosa está creando en las diferentes administraciones.    

El viernes 27 terminaron las Jornadas, con la conferencia de José Manuel López Rodrigo, Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, del Ministerio de Justicia, en la que repitió lo dicho por otros ponentes sobre el hecho de que el sistema de gestión actual no responde a la realidad española actual de diversidad religiosa, poniendo algunos ejemplos de trato desigual entre el que recibe la Iglesia Católica y el que reciben los grupos religiosos no católicos. La Mesa Redonda: “Medios de comunicación y el hecho religioso” reunió a representantes de la prensa escrita y de la Televisión, en la que se habló de cómo los medios de comunicación forman opinión, y sobre la necesidad de que transmitan una información veraz. Se dijo que los grupos religiosos no tienen suficiente presencia en los medios, y que falta preparación, tanto en los grupos religiosos para participar en los medios de comunicación, como en los profesionales para informar adecuadamente a la sociedad sobre la pluralidad religiosa española.

RESUMEN: La experiencia fue muy positiva. Es importante que haya siempre un representante la Iglesia en este tipo de conferencias, para que la relación y la colaboración con la Administración, con los medios de comunicación y con los otros grupos religiosos se desarrollen plenamente. 

 

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